NO a la judicialización de la política

En los últimos tiempos, la judicialización de la política en nuestro país viene afirmándose como un elemento inherente a la gestión de gobierno. Debemos desterrarla como la peor de las lacras.

Esta realidad no sólo debilita gravemente el sistema democrático sino que, además, desestimula que la gente idónea se interese en participar en los asuntos públicos mientras que favorece que los menos preparados copen los espacios, con las consecuencias que cabe imaginar.

Todo parte de una subvaloración del principio de la división de poderes por medio del cual un gobierno, por más fuerte que sea, NO puede tener ingerencia alguna en los poderes jurídicos. En el Perú, es evidente que la línea divisoria entre los poderes ejecutivo y judicial es muy tenue, lo que se agrava ante el hecho de que la cultura democrática de nuestra sociedad tiene un nivel comparativamente bajo, incluso en términos latinoamericanos.

La intervención de un gobierno en el poder judicial se maneja en dos niveles. El primero de ellos es el "Coactivo", por medio del cual se trata de inclinar la acción jurisdiccional en favor de un interés gubernamental concreto. A ningún gobierno le complace someterse a la ley ni, mucho menos, dar cumplimiento a fallos judiciales, especialmente si cree que la ley y su obediencia son inherentes a su propia naturaleza (el Estado soy yo, decía Luis XIV) y que los jueces son funcionarios públicos y, por lo tanto, dependen de ellos como extensión del ius imperium.

El segundo nivel es el "Coercitivo". A través de éste, un gobierno busca forzar evitar a cualquier precio un acto jurisdiccional determinado que le sea adverso. Para eso, puede actuar con modos dierectos o indirectos o, incluso, utilizar prebendas o estímulos materiales.

La consecuencia final es que la justicia termina siendo la gran ausente y los gobiernos adquieren tal grado de poder, que terminan perdiendo su identificación social y al final, como dice el maestro Basadre, después de haber sido recibidos con arcos terminan siendo despedidos con flechas.

Es necesario que los peruanos tomemos conciencia de este hecho. La política no puede contar con la justicia como un instrumento de poder, ni mucho menos cuando se trata de perseguir enemigos, ajustar cuentas pendientes, convertir a los jueces en actores de apasionadas vindictas, aterrorizar a los adversarios o intimidar a sus potenciales oponentes. La política, según Juan Pablo II, es, después del sacerdocio, la forma más elevada de la caridad. Pero en Perú, con su viciosa judicialización, podemos convertirla en la forma más elevada del escarnio.